La defensa del contralmirante argumenta que la FGR se ha hecho cargo de difundir información sobre la investigación y los traslados de su cliente, por lo que este principio de publicidad debe prevalecer para la sesión
La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien ingresó este viernes en el penal de alta seguridad del “Altiplano” acusado de participar en una red de “huachicol” fiscal, anunció que solicitará una audiencia pública en el caso de su cliente ante la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite que esta se lleve a puerta cerrada.
A través de una tarjeta informativa, se informó que los abogados lograron comunicarse con su cliente tras haber aterrizado en suelo mexicano, luego del vuelo en el que fue transportado desde Argentina, el cual hizo una escala en Colombia, y que buscarán que la sesión ocurra de manera abierta, como lo dispone el principio de publicidad que rige el sistema penal acusatorio.
“El artículo 20 constitucional establece este principio y el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que la regla es la publicidad, mientras que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada”, apunta el documento.
También apunta a que la misma FGR se ha hecho cargo de hacer público el caso durante meses, a través de la difusión de información relacionada con la investigación y traslados, entre otros, por lo que exigen congruencia en el criterio de máxima publicidad.
“Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara. La publicidad es la regla; la puerta cerrada, la excepción”, remata.
El contralmirante llegó esta madrugada a la Ciudad de México después de haber sido expulsado de Argentina y entregado a las autoridades mexicanas; su vuelo partió alrededor de las 3:30 de la tarde del jueves del país sudamericano.
Farías Laguna es acusado de encabezar una mega red criminal de tráfico de combustible a través de las aduanas junto con otras 15 personas y se le imputan los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como el de Tampico, en Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.
La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.
Fuente: Latinus
