Indicó que la investigación sigue abierta; el monto del dinero es el que le informó la Auditoría Superior de la Federación.
Rommel Pacheco, director de la Comisión de Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), había dicho que no se detectaron irregularidades en la administración de Ana Guevara; sin embargo, emitió un comunicado en el que señaló que la investigación sigue abierta con un monto por aclarar de 437.8 millones de pesos, esto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Respecto a las observaciones de probables daños o perjuicios durante la administración anterior investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es importante precisar que mi administración recibió en curso 10 auditorías de las cuentas públicas de 2018 a 2023, con 43 pliegos de observaciones con un monto de 437.8 millones de pesos por aclarar”, escribió el dirigente.
“Dichas auditorías siguen abiertas y durante los cuatro meses que corresponden a mi cargo se ha entregado toda la información solicitada por la ASF. Es a esa instancia de fiscalización, y no a su servidor, a quien corresponde el pronunciamiento final sobre este tema”, añadió el director de la Conade.
LOS ANTECEDENTES
La administración de Ana Gabriela Guevara como titular de la Conade estuvo marcada por señalamientos de corrupción, la escasa o nula empatía con los deportistas, y finalmente por la impunidad.
Al finalizar su gestión en octubre pasado, Ana Guevara heredó una deuda de 14.2 millones de pesos a Rommel Pacheco por amparos que ganaron atletas contra Conade.
Guevara dejó la Conade sin aclarar qué pasó con 626 millones de pesos desaparecidos durante su administración y 44 anomalías detectadas, según datos oficiales hasta mayo de 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Fiscalía General de la República (FGR) inició cuatro carpetas de investigación, una de ellas (2020) por el posible desvío de casi 51 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar); además de que en agosto de 2023 la ASF presentó una denuncia debido a que las observaciones hechas en 2020 no se solventaron.
El acumulado de los 626 millones de pesos desaparecidos es el saldo de las auditorías que se llevaron a cabo en los años 2019, 2020 y 2022. De hecho, 250 millones fueron considerados como perdidos y eso dio paso a denuncias penales.
A pesar de que los integrantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentaron una denuncia con pruebas documentales, la Fiscalía General de la República (FGR) jamás judicializó el caso.
Fuente: Latinus
