El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó dos resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en las que se ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la entrega de información relativa a la construcción del aeropuerto de Tulum.
En su proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso desestimar los recursos de revisión en materia de seguridad nacional, que promovió la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregue la información relativa al cambio de uso de suelo forestal para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construyera el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo.
El proyecto fue aprobado por mayoría de siete votos. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres se mostraron en contra de que se entregue esa información.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que la información relativa al aeropuerto de Tulum sí es de seguridad nacional, porque el proyecto incluye la construcción de una base aérea militar. Por su parte, la ministra Lenia Batres aseguró que el cambio de uso de suelo tuvo un carácter de “estratégico” al destinarse a la construcción de un proyecto “prioritario para el país”.
La intervención de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz ocasionó que el ministro Pérez Dayán aclarara el sentido de su proyecto, pues en la resolución del INAI se ordenó la entrega de información medioambiental y, no las características técnicas del aeropuerto.
“La propuesta concluye que la información solicitada por el promovente, y que es la realmente pedida, fue autorizada por el INAI sin poner en riesgo la seguridad nacional. Únicamente quiere conocer (el solicitante) las razones por las que procedió un uso de suelo modalidad B al uso de suelo de un aeropuerto, no más ni menos”, aclaró el ministro ponente.
El ministro Javier Laynez Potisek afirmó que no hay razones para negar la información a las comunidades aledañas a la ubicación del aeropuerto para saber la afectación y conocer el programa de mitigación.
“Para eso son las versiones públicas”, justificó para que se entregue la información testando los datos que se refieran a detalles técnicos del proyecto de infraestructura.
Fuente: Latinus
