El mandatario aseguró que los exfuncionarios de la administración anterior están en calidad de prófugos porque no se presentaron a la audiencia del caso
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que hay tres exfuncionarios ligados al desvío de recursos durante el gobierno de Silvano Aureoles que se encuentran prófugos de la justicia.
Ramírez Bedolla señaló que recientemente conversó con el fiscal Alejandro Gertz, quien le explicó que los exfuncionarios de la administración anterior, además del exgobernador, están en calidad de prófugos porque no se presentaron a la audiencia del caso.
En conferencia de prensa, el gobernador dijo que durante la audiencia de la semana pasada se confirmó que cuatro excolaboradores de Aureoles Conejo están relacionados con el desvío de más de 4 mil millones de pesos.
Se trata de Carlos “N”, exsecretario de Finanzas de Michoacán; el primer secretario de Seguridad Pública en la administración de Aureoles, José Antonio “N”, exsecretario de Finanzas; Mario “N”, exdelegado de Finanzas, y Elizabeth “N”, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.
El gobernador aseguró que luego de una larga audiencia, que concluyó después de más de 15 horas, se determinó que los señalados no alcanzan fianza por los delitos por los que se les acusa y se les dictó prisión preventiva.
Detalló que en la audiencia también se mencionó a otros funcionarios públicos de la administración de Silvano Aureoles, sin entrar en detalles. “Es decir, es un enjambre de corrupción el que estamos combatiendo”, dijo.
“Mencionaron dentro del expediente a otros funcionarios públicos. Recordemos que estos delitos son varios y son continuados. Si iniciaron en 2019, cada año se mantuvo el delito o uno nuevo, entonces hay muchas personas involucradas”, señaló.
Y destacó que entre los funcionarios existen varios secretarios de Seguridad Pública, “prácticamente todos” durante el gobierno de Silvano Aureoles estarían implicados, detalló.
Durante la administración de Silvano Aureoles como gobernador de Michoacán se favoreció a una empresa de Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios (DPI) para la firma y asignación de contratos para renta, mantenimiento y venta de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
En noviembre del 2024, la empresa señalada firmó un acuerdo de reparación del daño por más de 90 millones de pesos para devolver al gobierno de Michoacán. Acuerdo que presentó la defensa de los imputados como prueba.
Fuente: Latinus
