Advirtieron que las “motivaciones equivocadas” podrían llevar a la inestabilidad y la falta de confianza en los mercados económicos y financieros, provocando la retirada de inversores extranjeros y el incremento de la impunidad en México
La Unión Internacional de Abogados y agrupaciones mexicanas de juristas emitieron este miércoles un posicionamiento conjunto sobre la reforma judicial en el que llamaron a realizar una revisión integral del sistema de justicia, tanto a nivel local como federal.
Entre sus preocupaciones manifestadas destacaron la necesidad de un análisis profundo de la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar riesgos ante los cambios de condiciones.
“Un análisis prematuro arriesga la toma de decisiones erróneas y costosas, amén de que podrían violar tratados internacionales de derechos humanos de los que México es signatario”, señalaron.
Refirieron que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que las personas tienen derecho de recurrir a tribunales “independientes e imparciales”.
Entre los firmantes también están el Consejo General de la Abogacía Mexicana, El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados.
Señalaron que si el propósito de la reforma no es mejorar las condiciones de vida de las personas y fomentar un entorno positivo para el desarrollo económico, podría debilitar el Estado de derecho e impactar negativamente la combatividad del país.
“Basar la reforma en motivaciones equivocadas ciertamente aumentará la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de confianza, no sólo en el sistema de justicia, sino también en los mercados económicos y financieros, con la consiguiente retirada de los inversores extranjeros y un dramático aumento de la impunidad, la desigualdad y la pobreza en México”, añadió.
Y destacaron la importancia de la independencia judicial, la separación de poderes, la autonomía de las personas juzgadora, así como la preparación profesional para que los jueces sean elegidos siempre por mérito.
“Las consecuencias de una interrupción en la función de impartición de justicia pueden ser profundas e irreversibles”, destacaron.
El documento concluye con su postura de disposición de participar en este proceso “que se inscribe en un momento histórico crucial de México”.
Fuente: Latinus
