Legisladores del PAN y PRI han advertido que el contenido de unos artículos de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum violan el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá
Héctor Alonso Romero Gutiérrez, subdirector de Estrategia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), defendió la asignación directa de concesiones comerciales en telecomunicaciones para que el Estado pueda brindar telefonía e internet.
Sin embargo, reconoció que en Estados Unidos fracasó un proyecto de subsidio de internet para las personas de bajos recursos.
Al participar en el tercer conversatorio del Senado sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recordó que actualmente la CFE tiene una concesión limitada de uso público de espectro con la que puede ofrecer internet en espacios públicos y en localidades autorizadas en su momento por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Indicó que también el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) autorizó un programa a la CFE para beneficiar a 4.4 millones de usuarios.
Recordó que el artículo 56 de la ley de telecomunicaciones que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum le permitiría a la CFE obtener una concesión de red mayoritaria para servicios públicos, y dijo que en caso de esto prospere, “se harán los servicios como dicte el ente regulador”.
Senadores del PAN y PRI han advertido que el contenido de los artículos 56, 57, y 58 de la ley propuesta viola el capítulo 18.18 del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en donde se establece que ninguno de los países otorgará un trato más favorable a un proveedor de servicios de telecomunicaciones en su territorio.
Al respecto, Héctor Alonso Romero defendió el modelo propuesto en la ley, pues argumentó que no se pueden vulnerar los derechos de las personas con menores ingresos, que no pueden pagar un servicio de prepago, del acceso a las comunicaciones.
“Es el Estado el responsable de garantizar y proteger los derechos humanos de la población, y estos no pueden quedar supeditados únicamente a la capacidad de pago, o a que el modelo de negocios determine si es lo suficientemente rentable”, sostuvo.
Planteó que hasta el 2018, la cobertura de internet en México era del 75%, pero tan sólo el 65% de la población tenía acceso, principalmente en las grandes localidades con la población más grande y en los estratos económicos más altos.
“La industria de las telecomunicaciones también es una que requiere de grandes inversiones de capital, y que, por lo tanto, se beneficia de los efectos que se conocen como de economías de redes y de escala. Bajo una lógica estrictamente comercial, estos efectos lo que ocasionan es que el despliegue de infraestructura se concentre en las grandes poblaciones urbanas, dejando desconectados a aquellos lugares que no se consideran un negocio”, planteó.
Afirmó que desde el sexenio pasado, la CFE inició un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para llevar las comunicaciones a todo el país, y que del 2018 a la fecha, la cobertura poblacional ha alcanzado 94.45%, un aumento en 24 millones de habitantes en 140 mil localidades del país.
Dijo que actualmente “CFE Internet para todos” tiene 101 mil puntos de internet gratuito que beneficia a 22 millones de usuarios.
En argumento para defender los artículos 56, 57 y 58 de la norma, el funcionario hizo una explicación de la capacidad en infraestructura que tiene CFE, como 4 mil 825 torres de telecomunicaciones y otras mil 213 en proceso, para brindar telefonía e internet.
Reconoce que subsidio a usuarios fracasó en Estados Unidos
Héctor Alonso Romero dijo que la importancia de que exista un ente público que despliegue infraestructura se puede observar que en Estados Unidos hubo un “experimento” con un programa de internet en 2021, al que el gobierno le dio 45 mil millones de dólares de presupuesto para subsidiar a usuarios que no podía acceder a las comunicaciones, y para que la las empresas desplegaran infraestructura.
“El resultado es que después de cuatro soñó se cerró y no se desplegó fibra óptica, ni tampoco se logró un acuerdo con las compañías para que los precios de los servicios no incrementaran en la misma proporción en la que se iba a ser el subsidio”, admitió.
Fuente: Latinus
