En su carta de renuncia, que tomará efecto el 14 de septiembre de 2025 manifestó su agradecimiento a las instituciones y autoridades que lo apoyaron durante su carrera
Este miércoles, el magistrado Arturo Nahle García —hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle—, anunció este miércoles su renuncia al Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, al considerar que la elección judicial pone en riesgo los logros alcanzados, así como la autonomía e independencia de la Judicatura.
A través de un oficio dirigido a los diputados de la LXV Legislatura del Estado, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y a los consejeros del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Zacatecas, Nahle García aseguró la elección de jueces y magistrados por voto popular o tómbola no mejorará la impartición de justicia, y planteó que los recursos destinados a estas elecciones deberían invertirse en áreas como la justicia civil y familiar o en la implementación de la justicia digital.
En su renuncia, que tomará efecto el 14 de septiembre de 2025, el magistrado expresó su gratitud a las instituciones y autoridades que lo apoyaron a lo largo de su carrera, reiterando su respeto y aprecio a la sociedad zacatecana y a las instancias gubernamentales que le han permitido servir al estado.
Nahle García destacó su carrera de 37 años en el servicio público, con una trayectoria que abarca diversos cargos tanto en el ámbito estatal como federal. Entre sus principales logros, mencionó su labor como coordinador general del COPLADEZ, secretario general de Gobierno, diputado federal y procurador general de Justicia del Estado de Zacatecas.
Además, subrayó su rol en la implementación de reformas significativas en el ámbito judicial, como la creación del nuevo sistema de justicia penal y la implementación de importantes avances en la justicia laboral en Zacatecas.
Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su designación como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, donde, expuso, implusó la carrera judicial, la apertura de nuevos centros de convivencia familiar supervisada y la regionalización de los juzgados penales tradicionales.
Fuente: Latinus