“Hay que seguir con la investigación y con la condena, que es lo mismo del 68 y todas las atrocidades que se han cometido en el país”, dijo
Tras el fallo de una jueza que estableció que los llamados “vuelos de la muerte” constituyen delitos de “lesa humanidad”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió actuar contra las autoridades civiles y militares vinculadas a esas prácticas de exterminio contra grupos subversivos.
En su conferencia mañanera de este lunes 26 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los crímenes cometidos por el gobierno en la llamada “guerra sucia” en México deben ser condenados y continuar con las investigaciones.
“Hay que seguir con la investigación y con la condena, que es lo mismo del 68 y todas las atrocidades que se han cometido en el país”, dijo.
El también comandante supremo de las Fuerzas Armadas aseguró que su gobierno, que está por concluir, no es igual a las administraciones que reprimieron a los grupos subversivos y adversarios políticos.
“Ya voy a terminar el gobierno y lo puedo decir, lo voy a exponer en el Zócalo el día primero (de septiembre): no desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos. No somos iguales, así de sencillo”, declaró.
El presidente López Obrador rechazó las versiones de que haya “vuelos rasantes” en la región de Los Altos de Chiapas.
De acuerdo con el fallo de la jueza Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá atender las omisiones cometidas en la indagatoria de la desaparición del líder social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, detenido, torturado y víctima de desaparición forzada por integrantes del Ejército mexicano en 1974.
La sentencia es la primera en la que se demuestra la existencia de documentos y testimonios que acreditan que el gobierno cometió “terrorismo de Estado” en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, en las acciones gubernamentales contra los grupos guerrilleros en el país.
Unas mil 500 víctimas fueron al mar por medio de esas prácticas, señaló la jueza en su sentencia dictada apenas el 22 de agosto en un juicio de amparo promovido en 2018.
Fuente: Vanguardia
