Gracias a la reforma constitucional en materia de justicia cívica y con referencia en el artículo 73 Constitucional del cual se publicó la reforma el 5 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es que se modifica el sistema comúnmente conocido como “barandilla”.
Este artículo da las bases para expedir una Ley General en Materia de Justicia Cívica y de acuerdo con las facultades del 115 Constitucional, da la competencia para que los municipios expidan reglamentos en esa materia.
Anteriormente, cuando se detenía a una persona por alguna falta administrativa lo ponían de inmediato a disposición del oficial calificador, vulnerando así sus derechos. Esta era la manera en la que se sancionaba a las y los infractores, comentó sobre ello el director del Sistema de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza.
El 10 de agosto de 2021 se crea un sistema integral donde surgen varias figuras jurídicas y reemplazan al oficial calificador; en su lugar, ahora están el juez, un defensor y un fiscal cívico en Ciudad Juárez.
Lo que implica que ahora se verifica si se cumplieron todos los derechos del ciudadano, tales como: ser escuchado en una audiencia, la presentación de pruebas, contar con defensoría entre otras; esto, independientemente de que exista o no delito.
Lo anterior, previo a que el probable infractor sea sancionado, ya sea con arresto, amonestación económica, o en su caso, con la nueva sanción que se agregó, la cual consiste en realizar trabajo a favor de la comunidad.
Es decir, se le da la opción al ciudadano de que en lugar de pasar las horas de arresto, estas se pueden conmutar, ya sea el fin de semana con una de las jornadas cívicas que se llevan a cabo cada 15 días en el Vivero de El Chamizal, o bien, a través de los Centros Comunitarios.
Las labores que se efectúan en cada uno de estos espacios consisten en la limpieza, pintura e incluso talleres, siempre y cuando representen una labor social de acuerdo a las necesidades del espacio.
Cabe señalar que existe un límite de 28 horas en cuanto a este tipo de sanción de trabajo comunitario, añadió Bissuet Galarza.
Destacó que también se tienen convenios con algunas organizaciones de la sociedad civil, ya que en ocasiones el tipo de medida que se debe tomar es de carácter reeducativo o psicoterapéutico.
Es decir, en caso de que se detecten problemas de adicciones en los infractores, se busca canalizarlos al lugar correspondiente, dependiendo del factor de riesgo que presente el ciudadano. Todo esto, de forma gratuita.
