Autoridades de los tres órdenes de Gobierno, sociedad civil, academia, grupos de madres de mujeres desaparecidas y madres buscadoras, así como asociaciones civiles, levantaron propuestas de apoyo a mujeres durante la mesa de trabajo “Derecho a una vida libre de violencias”.
La reunión se efectuó aquí, como parte del Foro de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo “República de para las Mujeres”, y es una de las cuatro mesas que se hicieron para diseñar el documento en el que el Gobierno de México establece objetivos, estrategias y prioridades para impulsar el desarrollo del país durante este sexenio.
La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, expuso el tema “Gobernanza con Justicia Social”, mientras que Dulce Colín, directora general de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, participó con el tema “Derecho a una vida libre de violencia con el rol de las instituciones de seguridad pública”.
Gómez Saracibar destacó que el 98 por ciento de los agresores de mujeres son hombres y la violencia más común que se registra en México es la comunitaria, como es el acoso callejero.
Indicó que la violencia sexual y el feminicidio son violencias muy graves que se registran en el país, por lo que los ejes rectores que se proponen desde la Secretaría de las Mujeres, es la prevención en todos los niveles, así como el acceso a la justicia con la protección y la garantía a la no repetición y reparación del daño, por lo que es importante trabajar en la prevención, la atención y el acceso de justicia.
Dijo que es fundamental la transformación cultural y la construcción de procesos entre varios estados donde mayormente de registran casos de violencia.
Por su parte, la directora general de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dulce Colín, comentó que la seguridad pública presenta desafíos particulares desde una perspectiva de género, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública, en el 2024 las mujeres reportaron niveles más altos en inseguridad, lo cual provocó que éstas tuvieran que modificar significativamente conductas cotidianas como el cambio de ruta o ropa.
Comentó que el 53.2 por ciento de las mujeres reportaron evitar salir de noche, el 49.7 por ciento reportó evitar usar joyas y el 36.7 por ciento indicó limitar actividades de caminata.
También comentó que en municipios rurales la presencia policiaca y recursos son limitados, de modo que las mujeres tienen menor acceso al servicio de seguridad especializada, creando patrón de desigualdad.
Durante las mesas de trabajo se consideró garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia, a través de mecanismos efectivos y especializados de atención, acompañamiento y reparación integral del daño, así como de estrategias coordinadas con las Fiscalías para la atención, acompañamiento, instrumentación de medidas de protección de emergencia y creación de unidades para la atención e investigación de delitos de género.
También se destacó la importancia de fortalecer las Fiscalías especializadas para la atención a mujeres, rutas, protocolos e instrumentos que incorporen la PG en la investigación, atención y sanción de los delitos, además de la creación y fortalecimiento de los juzgados, especializados en competencia mixta.
Así mismo, revisión de la normatividad del poder judicial, protocolos, leyes e instrumentos jurídicos en materia de acceso a la justicia para las mujeres priorizando los relacionados a las muertes violentas de mujeres y femicidios.
Al final de la mesa, las participantes entregaron distintas peticiones como la creación de una mesa de madres buscadoras a nivel nacional, transformar las Fiscalías en lugar de sensibilizarlas, crear mecanismos de identificación humana eficiente y equipo adecuado de laboratorio para cuerpos degradados, además de capacitación a elementos policíacos en temas de derechos humanos.
También se pidió impulsar mesas de trabajo de la niñez, para la trata de personas, y en temas de personas en reclusión y tortura hacia las mujeres.
Otras peticiones fueron crear organismos de control autónomos que investiguen fallas en temas de justicia, fomentar cultura de apoyo a las familias de víctimas, espacios de acogida, instancias para brindar asesoría a mujeres Indígenas, personal bilingüe, bibliotecas para niñas en todo el país y el diseño de protocolos particulares.
