De acuerdo a la denuncia interpuesta por el licenciado Martin Aguilar, diferentes autoridades incluyendo al titular de la JCAS y legisladores tendrán que responder la querella interpuesta
Ciudad Juárez.— El abogado Martín Aguilar Perón presentó una denuncia formal contra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, dirigida por Sergio Nevárez, por cobros excesivos, cortes arbitrarios y falta de medición en el suministro de agua. La querella, que también involucra a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y a otros funcionarios estatales, ya obtuvo la aceptación de un juez al recurso de amparo interpuesto.
Aguilar Perón señaló que la JMAS viola tratados internacionales que garantizan el agua como un derecho humano básico, al cortar el suministro a miles de ciudadanos pese a la prohibición legal. Recordó que organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, establecen que el consumo mínimo debe ser de 20 a 50 metros cúbicos por persona.
El abogado explicó que las represalias alcanzaron incluso a su nuera y a tres menores, luego de que interpusieran una queja por cobros indebidos. Al día siguiente de presentar la inconformidad, la JMAS cortó el servicio de agua en su domicilio. Un juez concedió el amparo para frenar estas acciones, lo que permitió llevar el caso a instancias judiciales y exigir una investigación.
La denuncia no se limita a Sergio Nevárez, quien busca la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez, sino que también alcanza al Congreso del Estado, a la gobernadora Maru Campos y al director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, ya que la dependencia estatal es responsable directa de las operaciones de la JMAS.
Aguilar Perón acusó a Nevárez de usar recursos de la JMAS para fines políticos y de mantener un sistema de cobros “al tanteo” que perjudica a más de 450 mil usuarios en Juárez. Además, señaló a otros funcionarios como Marisela Terrazas Muñoz, encargada de convenios y contratos; Jesús Lazo, director de comercialización; y Nancy, responsable de operación informática, como corresponsables de los abusos cometidos.
El abogado recordó que en 2017 ya había denunciado estas prácticas, confirmadas entonces por el extitular Jorge Domínguez. Subrayó que el reclamo actual es una lucha por derechos fundamentales y no un tema político.
