Ciudad Juárez.– La regidora Sandra García propuso ante el Cabildo la creación de una Procuraduría Municipal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en Ciudad Juárez. Su propuesta fue aprobada por mayoría y será enviada al Congreso del Estado como un exhorto para que se reforme la ley y se permita establecer este tipo de instancias a nivel municipal.
Durante la sesión ordinaria de este día, la regidora García, quien preside la Comisión de la Familia y Prevención Social, explicó que actualmente la Procuraduría de Protección depende únicamente del Gobierno del Estado, lo que ha dificultado una atención oportuna a la niñez juarense.
Recordó que Juárez tiene la mayor población infantil del estado y ocupa el tercer lugar a nivel nacional, por lo que considera urgente contar con una procuraduría que opere desde el municipio y esté coordinada por el DIF. Esto, dijo, permitiría atender con más rapidez temas como la violencia infantil, la protección de derechos y los procesos de adopción, los cuales se ven frecuentemente retrasados.
Sandra García también destacó que Chihuahua es uno de los nueve estados del país que aún no cuenta con procuradurías municipales, a pesar de que la necesidad es evidente en ciudades como Juárez, donde la demanda de atención es muy alta.
“Una Procuraduría Municipal agilizaría muchos procesos que hoy están detenidos. Se necesitan acciones más cercanas y eficientes para proteger a nuestra infancia”, expresó la regidora, al subrayar que seguirá impulsando esta iniciativa para que la niñez juarense reciba la atención que merece.
Según datos del INEGI, en Juárez viven más de 380 mil niñas y niños, por lo que la funcionaria consideró necesario descentralizar los servicios de protección, tal como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Actualmente, solo nueve estados del país, entre ellos Chihuahua, no cuentan con Procuradurías Municipales. La regidora recordó que la Ley de Asistencia Social del estado permite su creación, por lo que hizo un llamado a las y los diputados a reformar la ley estatal para hacerla posible.
“Esto no solo está permitido por ley, también es una responsabilidad moral. Necesitamos acercar los servicios de protección a quienes más lo necesitan”, señaló García.
