La jueza federal que conduce el juicio por documentos clasificados contra Donald Trump escuchó este lunes argumentos sobre si debe prohibir al expresidente hacer comentarios públicos que, según los fiscales, podrían poner en peligro la vida de los agentes del FBI que trabajan en el caso.
Los argumentos surgen tras una disputa que tuvo lugar a primera hora de este lunes ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon en torno a un alegato de los abogados de Trump de que la oficina del fiscal especial, Jack Smith, que lleva el caso, está financiada ilegalmente.
El equipo de Smith afirma que las restricciones a la libertad de expresión que se debaten este lunes son una respuesta necesaria a los falsos comentarios de Trump sobre que los agentes del FBI que registraron su mansión de Mar-a-Lago en agosto de 2022 en busca de documentos clasificados querían matarlo a él y a su familia.
Los abogados de Trump señalaron que cualquier orden de silencio acallaría indebidamente a Trump en medio de una campaña presidencial.
La narrativa de Trump ha tenido consecuencias legales en otros casos. El juez de Nueva York que lleva el juicio de Trump —donde el republicano está acusado de pagar para silenciar denuncias en su contra y en el que fue declarado culpable de 34 delitos graves— le impuso una multa total de 10 mil dólares por violar una orden mordaza que le prohibía atacar verbalmente a testigos y miembros del jurado.
Un juez federal de Washington encargado de su caso de intromisión electoral le impuso una orden similar el año pasado; un tribunal de apelaciones la ratificó posteriormente.
No quedó claro cuándo podría fallar Cannon, una persona designada por Trump cuyo manejo del caso ha sido sometido a un minucioso escrutinio. Los argumentos son parte de una audiencia de tres días para abordar varias de las cuestiones legales sin resolver que se han acumulado.
Cannon aplazó indefinidamente el juicio, y está casi garantizado que no se efectuará antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
Fuente: Latinus
