El pasado 11 de diciembre, la mayoría de los Congresos locales votaron a favor de la prohibición de los cigarros electrónicos; aun falta la declaratoria constitucional
Luego del debate que desató la reforma para prohibir del uso de vapeadores, esta ley aún no entra en vigor y con ello sus sanciones, que de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbuam, se establecerán en las leyes secundarias.
Como parte del proceso legislativo tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre el pleno del Senado avaló el dictamen que restringe desde la Constitución la producción, venta y uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, y fue enviado a los Congresos locales, donde en un par de días se obtuvo la mayoría necesaria para la declaratoria constitucional. Sin embargo, sigue pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En este contexto, por su parte en un comunicado, el líder de la bancada del PRI en Diputados, Ruben Moreira, advirtió a los usuarios de los vapeadores que no ha finalizado el proceso y reconoció que aun se desconocen los castigos o consecuencias que se impondrán a los consumidores de los cigarros electrónicos, además criticó que durante la discusión en la Cámara no se abordara el problema de fondo de las adicciones en México.
Ante la falta de legislación, hasta el momento no hay autoridades que puedan castigar o multar a quienes no cumplan con las disposiciones de esta ley.
Si bien en los debates en ambas Cámaras se presentaron los riesgos a la salud que pude tener el uso de los vapeadores, no regularon el tipo de sanciones, sólo se precisa que se sancionará “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.
De acuerdo con la reforma esta modificación “contribuirá a erradicar los daños respiratorios, cardiovasculares, mutagénicos y demás afectaciones a la salud derivados de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos, sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente”.
El dictamen también señala que a partir de que entre en vigor, se van a derogar todas las disposiciones que se opongan a esta reforma.
Además, se establece un tiempo de 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias contenidas en el decreto, mientras que los congresos locales tendrá un año de plazo para hacerlo.
Fuente: Latinus
