Ecuador.- Un tribunal de garantías penales de Guayaquil sentenció este lunes a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores de entre 11 y 15 años que fueron interceptados por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024 y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la zona de Taura, a una hora de Guayaquil, provincia de Guayas.
Once militares recibieron una condena de 34 años y 8 meses de prisión, mientras que otros cinco fueron condenados a 30 meses por haberse acogido a la figura de “cooperadores eficaces”. En tanto, un militar que fue acusado por la Fiscalía en calidad de cómplice fue absuelto al no encontrar elementos suficientes para atribuir su participación en el delito.
Tras un año de dolorosa espera para los familiares y una serie de testimonios, reconstrucción de los hechos, peritajes, audiencias y declaraciones, el juez ponente del caso, Jovanny Suárez, indicó que se pudo determinar que hubo una detención irregular, traslado a un lugar no autorizado de los menores, ocultamiento de información, golpes, maltrato, sufrimiento, indefensión y crueldad que conllevaron a la muerte de Nehemías, Ismael, Josué y Steven, tres adolescentes y un niño originarios del barrio Las Malvinas que fueron interceptados por una patrulla militar y transportados a una zona rural despoblada donde sus cuerpos fueron encontrados calcinados días después.
“Ninguno de los miembros de la patrulla se disoció de la acción delictiva, por el contrario, su presencia intimidatoria y armas facilitaron la detención, tenerlos en su poder y propiciando la posterior desaparición con resultado de muerte”, señaló el juez Suárez en la audiencia virtual que CNN cubrió.
El juez insistió en que los miembros de la patrulla omitieron un deber ineludible como era llamar al Ecu-911, entregarlos a la Policía y garantizar la seguridad física de los menores de edad. Agregó que se probó que hubo un “pacto de silencio” entre los procesados y calificó los detalles del juicio como “desgarradores”.
“Se ha determinado el sufrimiento que hicieron padecer a las víctimas. Se confirmó el dominio total de la patrulla sobre la vida de los menores”, puntualizó.
Suárez dijo que también se comprobó que hubo “abuso del poder estatal” y afectación a las familias de las víctimas en su vida emocional.
“Los golpearon, los desnudaron y los abandonaron a su suerte”, puntualizó.
Al conocerse la sentencia Abraham Aguirre, abogado de los familiares de las víctimas, dijo que “esto es un hito en virtud de la garantía de derechos que tiene que tener toda sociedad”.
“Encuentran (los familiares) algo de aliciente (…) Ellos rompieron en llanto pues recordemos que ha sido un año de un proceso tortuoso y de estigmatizacion que vivieron por parte de ciertas personas y redes sociales”, señaló Aguirre.
Desde el Ministerio de Defensa emitieron un comunicado en el que manifestaron su “respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitidad”.
Los cuatro menores de entre 11 y 15 años vivían en el barrio Las Malvinas, uno de los más pobres y marginados de esta ciudad costera y donde los habitantes han sido tocados por el dolor de estas familias que no han descansado en su lucha por la verdad y justicia. Aseguran que no han tenido consuelo ni total claridad sobre las circunstancias que rodearon el crimen.
Los menores desaparecieron la noche del 8 de diciembre de 2024 tras haber sido retenidos y transportados en una patrulla por un grupo de militares. Momentos antes de la detención -según las versiones recabadas por la Fiscalía- los niños habían terminado de jugar fútbol y fueron a comprar pan. Los militares implicados en el caso aseguraron que se acercaron a la zona ante la alerta de un presunto robo que desembocó en la retención de los chicos. Días después, la Fiscalía indicó que no se pudo comprobar que había habido un robo.
Un video de una cámara de seguridad que se hizo público en la Asamblea Nacional el mismo mes de su desaparición se convirtió en una de las pruebas del caso. En el video se observa cómo los menores de edad fueron obligados por los militares a subirse a la patrulla. Lo que ocurrió después solo se ha podido conocer por medio de testimonios, videos, chats y revelaciones atroces durante las audiencias.
Previo a la confirmación de la muerte de los chicos, el presidente Daniel Noboa se pronunció en una radio local y aseguró al país que no habría encubrimiento. “Estamos del lado de la justicia, y haya sido un civil, un cura o un militar involucrado, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie, vamos a defender el principio de la justicia”, advirtió Noboa.
El 31 de diciembre la Fiscalía confirmó que los cuerpos de Nehemías, Steven, Ismael y Josué habían sido incinerados en la zona de Taura en la provincia de Guayas. Ese día se apagó la esperanza de sus padres de encontrarlos con vida, mientras la conmoción social y las muestras de repudio al crimen se desbordaron.
Con información de CNN en español
