El presidente colombiano calificó estas propiedades como “casas ostentosas”, destacando que, mientras las residencias cuentan con amplios espacios, las sedes diplomáticas y consulares enfrentan serias limitaciones para brindar un servicio adecuado
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la decisión de vender las residencias oficiales de los embajadores en México, Suiza y Bruselas, con el objetivo de ampliar los espacios destinados a la atención de los colombianos en las embajadas y consulados.
El mandatario calificó estas propiedades como “casas ostentosas”, destacando que, mientras las residencias cuentan con amplios espacios, las sedes diplomáticas y consulares enfrentan serias limitaciones para brindar un servicio adecuado a la ciudadanía.
“Aquí se demuestra el carácter aristocrático y el desdén por el servicio a la ciudadanía en que transformaron a la Cancillería durante décadas”, señaló a través de su cuenta en X.
El presidente también aseguró que hay residencias de embajadores más grandes y lujosas que las embajadas y consulados, los cuales son reducidos y carecen de una atención adecuada.
En un comunicado emitido por el gobierno Colombia, se informó que, durante su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario colombiano le expuso las dificultades de espacio que enfrenta la sede consular para atender a los ciudadanos.
En septiembre de este año, el gobierno colombiano retiró a su embajador en México, Álvaro Moisés Ninco, acatando la sentencia emitida por un tribunal que declaró nulo su nombramiento y que fue confirmada por el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
En el decreto, firmado por el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y publicado por medios locales, el gobierno especifica que se trata de una decisión en la que “no procede recurso alguno por tratarse de un acto de ejecución”.
En noviembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el nombramiento de Ninco como embajador en México, cargo que había asumido en febrero de ese año, porque “la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción”, así como las observaciones de la ciudadanía sobre la trayectoria del candidato.
Fuente: Latinus