Las personas son acusadas del homicidio de un hombre que fue agredido físicamente por pobladores luego de que no pagara el acceso a un municipio
La detención y posterior condena a 25 años de prisión a cinco activistas indígenas en Chiapas violó el derecho internacional, por lo que los afectados deben ser “liberados” e “indemnizados”, dictaminó el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la detención arbitraria de los hombres.
Según reportes, habrían sido detenidos de manera injustificada por el homicidio de un hombre, que al no poder pagar el “acceso” al municipio de San Juan Cancuc, fue “brutalmente” golpeado, por lo que murió.
La decisión del grupo de expertos, adoptada el pasado 4 de abril, pero publicada ahora, subraya que la detención en 2022 de los cinco activistas indígenas: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco contraviene con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para remediar esto, el comité señaló en su decisión “no vinculante” que las autoridades mexicanas deberían “poner a los cinco individuos inmediatamente en libertad y concederles el ‘derecho efectivo’ a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
También conminan al gobierno mexicano a investigar las circunstancias en torno a la privación arbitraria de su libertad a los cinco indígenas y adoptar medidas contra los responsables de la “violación a sus derechos”.
Los sujetos del caso fueron detenidos a finales de mayo y principios de junio del 2022 por el homicidio de una persona en el municipio de San Juan Cancuc, retenida por pobladores que le exigían una “multa” para permitirle el acceso y que al ser golpeado por no poder pagar, le causó la muerte horas después.
El 17 de mayo de 2023 fueron condenados a 25 años de prisión, y tras solicitarse una repetición del juicio recibieron la misma pena el 19 de abril de 2024.
Al analizar este proceso, el grupo de trabajo de la ONU observó varias irregularidades, como que los acusados no fueron presentados ante un juez inmediatamente después de su detención o la desaparición forzada de algunos de ellos durante las primeras horas del arresto.
Los cinco son de origen indígena del pueblo maya tseltal quienes habían participado en movimientos de defensa de los derechos humanos y del territorio en la zona de San Juan Cancuc.
Santiz Cruz, en particular, presidió un comité de derechos humanos local que promovió acciones de defensa de la tierra en contra de la construcción de un tramo de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque.
El comité local también se opuso a la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en el municipio.
El grupo de la ONU sobre Detención Arbitraria está presidido por la exjueza ucraniana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ganna Yudkivska, a quien acompañan los juristas Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia).
Fuente: Latinus
