Un documento citado por Politico afirma que este plan fue entregado a los asesores del mandatario y tendría un costo estimado de 25 mil millones de dólares
Un grupo de contratistas militares destacados, incluidos el exdirector ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, y Bill Mathews, exdirector de Operaciones de la misma empresa, ha presentado una propuesta a la Casa Blanca de Trump para ejecutar deportaciones masivas a través de una red de “campos de procesamiento” en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un “ejército pequeño” de ciudadanos privados con poder para hacer arrestos.
De acuerdo con un documento obtenido por el medio estadounidense Politico, este plan, que fue entregado a los asesores de Trump, tiene un costo estimado de 25 mil millones de dólares y recomienda tácticas agresivas para deportar a 12 millones de personas antes de las elecciones intermedias de 2026.
La propuesta plantea la necesidad de expulsar a casi 500 mil personas al mes para cumplir con las metas de deportación de Trump, lo que implicaría un aumento del 600% en las actividades de arresto y deportación.
El plan sugiere que, debido a la incapacidad del gobierno para hacer frente a la magnitud de la tarea, sería necesario reclutar asistencia externa, especialmente a través de contratistas privados.
Steve Bannon, exasesor de Trump, expresó que la propuesta refleja la desesperación de la administración por encontrar recursos para cumplir con su promesa de deportar a millones de migrantes indocumentados.
El plan también detalla un proceso acelerado que incluye la creación de equipos legales para determinar la elegibilidad de las personas para la deportación y la implementación de audiencias masivas, algo que ha sido objeto de críticas por su posible vulneración del debido proceso.
Además, propone utilizar registros existentes para localizar a los migrantes a deportar, e incluso establece un programa de recompensas para policías locales que detengan a migrantes indocumentados, lo cual podría generar conflictos legales, ya que muchos estados y ciudades se oponen a colaborar con las autoridades migratorias.
A pesar de que el documento ha estado circulando entre los aliados de Trump desde diciembre de 2024, no está claro si el presidente ha visto la propuesta.
Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que el gobierno sigue comprometido con la “seguridad de las fronteras” y la deportación de migrantes criminales, pero aclaró que corresponde a las agencias del gobierno decidir sobre los contratos necesarios para implementar estas políticas.
Sin embargo, algunos de los participantes en el proyecto, como Prince y Mathews, se han mostrado escépticos respecto al interés del gobierno en seguir adelante con esta iniciativa.
El plan también ha sido criticado por expertos en migración y antiguos funcionarios del gobierno, quienes advierten sobre los peligros de ejecutar una operación de deportación a gran escala sin respetar las leyes migratorias y los derechos humanos.
John Sandweg, exdirector interino de ICE, señaló que la propuesta podría ser detenida rápidamente por los tribunales debido a sus implicaciones legales y constitucionales.
Además, otros críticos subrayan los desafíos logísticos y diplomáticos de deportar a 12 millones de personas, incluidos los posibles problemas con los países de origen de los migrantes, que podrían negarse a recibirlos.
Fuente: Latinus
