Deportaciones masivas desde EU son un debate obligado para Latinoamérica en la CELAC

La mayoría de los miembros de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se han visto afectados por la intensa ola de arrestos y expulsiones de inmigrantes ordenada por Trump

Las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos por la implacable política migratoria del presidente Donald Trump será uno de los temas a debate obligados en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con muchos de sus 33 miembros afectados por la expulsión de sus nacionales o la necesidad de aceptar vuelos con ciudadanos de otros países.

La mayoría de los miembros de la Celac se han visto afectados por la intensa ola de arrestos y expulsiones de inmigrantes ordenada por Trump desde su investidura el pasado 20 de enero, con más de 113 mil detenidos y 100 mil deportados desde entonces, mientras que el cruce de migrantes en la frontera sur con México descendió a mínimos históricos, con solo 7 mil180 en marzo, frente a los 137 mil 480 del mismo mes del año pasado.

México, que anunció que su presidenta, Claudia Sheinbaum, viajará a Honduras a la cumbre del próximo miércoles, recibió más de 24 mil 400 deportados en las primeras ocho semanas de la nueva administración de Trump, incluyendo cerca de 4 mil 600 extranjeros, muchos de ellos venezolanos, que tras frustrarse el llamado “Sueño americano” optan por regresar a Suramérica.

La promesa de “deportaciones masivas” del líder republicano aún no ha impactado en el llamado Triángulo Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras y que es protagonista de una larga historia de migración irregular hacia Estados Unidos impulsada por la pobreza y la violencia.

De acuerdo con datos oficiales, en Estados Unidos viven, de manera legal o irregular, alrededor de 6 millones de nacionales de Guatemala (unos 3 millones), El Salvador (más de 2 millones) y de Honduras (más de un millón).

Las autoridades de los tres países no han reportado hasta ahora un aumento significativo en el número de repatriados, aunque la comparación puede ser engañosa: Estados Unidos alcanzó en el año fiscal 2024, el último del gobierno del demócrata Joe Biden, 271.484 inmigrantes expulsados, la mayor de su mandato, mientras que la más alta de la primera administración de Trump (2017-2021) se situó en 347 mil 090 en el año fiscal 2019.

El récord, sin embargo, lo mantiene el demócrata Barack Obama (2009-2017), con 432.334 deportados en 2013.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, que también asistirá a la cumbre de la Celac, se comprometió en febrero pasado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a recibir un 30% más de vuelos de repatriados así como prestar su suelo para atender migrantes de otras nacionalidades.

Polémicos acuerdos
Hasta ahora, no han sido enviados a Guatemala migrantes extranjeros, una situación ya vivida por la nación centroamericana entre 2019 y 2021 debido a un convenio similar entre la primera administración de Trump y el entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).

A Honduras han llegado varios vuelos militares de Estados Unidos con migrantes venezolanos que eran esperados en la base de Palmerola —que usa personal castrense estadounidense— por aviones de Venezuela para llevarlos a su país, como parte de un acuerdo entre Washington y Tegucigalpa.

Mientras que El Salvador recibió a más de 200 migrantes entre ellos venezolanos acusados de ser supuestamente integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Hay denuncias tanto en Estados Unidos como en El Salvador de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos por esas expulsiones, después de que el gobierno de Trump las justificara amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, que permite aprehender, restringir y expulsar a ciudadanos de otro país que participe en una “guerra declarada” o “invasión o incursión depredadora” contra Estados Unidos.

En febrero pasado, Costa Rica recibió desde Estados Unidos 200 migrantes originarios de Asia y África.

En una situación igual está Panamá, a donde fueron enviados por Estados Unidos 299 migrantes extracontinentales, de los cuales quedan más de un centenar en el país a los que se les otorgó un permiso para que, por sus propios medios, busquen una tercera nación para instalarse.

El fin del “parole humanitario”
Nicaragua, pese a la retórica antiimperialista de su presidente, Daniel Ortega, sigue recibiendo vuelos de Estados Unidos con indocumentados nicaragüenses, aunque a diferencia de antes, no divulga información sobre ellos. Entre los demás países afectados, República Dominicana recibió más de 700 nacionales desde que Trump asumió su segundo Gobierno, y más de 2 mil ecuatorianos fueron deportados en el primer trimestre de 2025.

Los venezolanos han sido durante los últimos años la nacionalidad más numerosa entre los migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos, aunque la falta de acuerdos con muchos países han impedido las deportaciones directas.

Como parte de un acuerdo reciente entre Caracas y Washington para recibir a deportados, el viernes llegó a Venezuela en un avión estadounidense otro grupo de migrantes venezolanos, el segundo vuelo tras el que aterrizó en la nación caribeña hace una semana.

En total, 2 mil 190 venezolanos han retornado a su país desde el pasado febrero, como parte, según Caracas, de una nueva fase del programa gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, creado en 2018, y en coordinación con Estados Unidos y otros países, como México y Honduras.

Y mientras tanto el gobierno de Trump tiene previsto revocar el “parole humanitario”, un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

El beneficio migratorio expirará el 24 de abril, por lo que quienes se acogieron a él deberán abandonar el país antes de esa fecha o arriesgarse a permanecer en el país de manera irregular.

Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110 mil personas de Cuba, 210 mil de Haití, 93 mil de Nicaragua y 117 mil de Venezuela accedieron a Estados Unidos bajo este programa.

Fuente: Latinus

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