Para el gobierno cubano, la cuestión es de alta prioridad por “el impacto que tiene el bloqueo en la situación que vive el país”, en el marco de la crisis económica y energética en que está sumida la isla desde hace cuatro años
La Asamblea General de la ONU (AGNU) vota esta semana próxima una resolución cubana contra las sanciones de Estados Unidos a la isla, con la que La Habana volverá a obtener un respaldo casi unánime de la comunidad internacional, pero con escasos efectos prácticos.
Se trata de la trigésima segunda ocasión en la que Cuba presenta esta resolución —que cada vez gana de una forma más contundente— contra el paquete de sanciones económicas más extenso y duradero aplicado en la historia de Estados Unidos, según el politólogo estadounidense William LeoGrande.
En la última ocasión, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que no es legal ni ético este tipo de acciones de guerra económica con repercusiones financieras y comerciales y carácter extraterritorial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba indicó a EFE que espera lograr este año un resultado muy similar al de 2023, en el que consiguió 187 votos favorables por sólo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Ucrania).
La subdirectora general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Minrex, Ana Silvia Rodríguez Abascal, aseguró que son conscientes de la voluntad de Estados Unidos de desconocer la votación de esta resolución, pero que hacen anualmente el esfuerzo político y comunicativo de acudir a la ONU por su simbolismo.
“Si bien la resolución no es vinculante, es la voz de la comunidad internacional”, aseguró Rodríguez Abascal, que subrayó la importancia de que “el mundo sepa cómo piensan todos los estados miembros” y evidenciar el aislamiento internacional de Washington en esta cuestión.
Según el Minrex, el asunto de las sanciones a Cuba fue citado por 46 países durante el debate general de la AGNU y otros 23 representantes nacionales aludieron a la inclusión de La Habana en la lista estadounidense de naciones que patrocinan el terrorismo.
Esto, apunta Cancillería, sitúa la cuestión como uno de los 20 temas más abordados en el debate general y uno de los primeros entre los que no son ni actualidad —como Medio Oriente, Ucrania y Haití— ni globales —como el cambio climático, la reforma del consejo de seguridad de la ONU o la agenda 2030—.
Para el gobierno cubano la cuestión es de alta prioridad por “el impacto que tiene el bloqueo en la situación que vive el país”, dice Rodríguez Abascal en referencia a la grave crisis económica y energética en que está sumida la isla desde hace cuatro años.
Cuba sufre escasez de alimentos, medicinas y combustible; prolongados apagones diarios; inflación galopante; dolarización creciente; deterioro de servicios estatales como la educación y la sanidad; contracción económica; déficit públicos masivos; y la mayor oleada migratoria de su historia reciente.
En su informe anual sobre lo que se denomina en Cuba bloqueo (y en Estados Unidos, embargo), La Habana estima que el costo de las sanciones entre marzo de 2023 y febrero de 2024 ascendió a 4 mil 584 millones de euros, aunque no detalla cómo elabora sus cálculos.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha achacado a esta política estadounidense la profunda crisis y señaló recientemente a Washington como el “gran responsable” del apagón total que sufrió recientemente la isla.
Fuente: Latinus
