Laureano Ortega Murillo, además de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, es representante especial del gobierno de Nicaragua para suscribir los convenios con Bielorrusia, China, Irán y Rusia
La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó este jueves a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos presidente del país, Daniel Ortega, para que se encargue de registrar y supervisar la inversión extranjera que opera en el país, tras aprobar una nueva Ley de Inversiones Extranjeras.
Esa ley, promovida por el mandatario sandinista, y aprobada por la unanimidad de los diputados, crea la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), que será la máxima autoridad en la materia y que coordinará Ortega Murillo en su calidad de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.
Ortega Murillo, además de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, es representante especial del gobierno de Nicaragua para suscribir los convenios con Bielorrusia, China, Irán y Rusia.
La CNIE también estará integrada por el presidente del Banco Central de Nicaragua, el ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas.
Esa Comisión tendrá entre sus funciones resolver las solicitudes de inversiones estratégicas, ejercer las funciones de gobernanza, presentar para la aprobación de la Presidencia de la República mecanismos para la promoción, facilitación y fomento de la inversión extranjera, y regular los derechos y las obligaciones de los inversionistas extranjeros, según la norma.
La ley también establece un registro obligatorio de todas las inversiones extranjeras en Nicaragua. Para efectos de la inversión, el Mific será la instancia de facilitación para la implementación de un modelo de gestión que concentre y simplifique la tramitología del registro de inversiones y su formalización empresarial.
Además, buscará mejorar la coordinación interinstitucional, generar información actualizada y pertinente para la promoción y seguimiento de la inversión extranjera.
Contempla indemnización por expropiación
“No estamos interesados en aquellos inversionistas de maletín o aquellos que incluso puedan ser financiados por la narcoactividad, el crimen organizado o el blanqueo de capitales (…). Estamos interesados en que sean capitales lícitos y que las inversiones se establezcan en Nicaragua respetando las reglas de nuestro orden jurídico nacional”, dijo en el pleno el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Aseguró que la ley busca fomentar, facilitar, formalizar, dar seguimiento y promover la gestión de las inversiones extranjeras directas.
“No es una ley candil de la calle y oscuridad de tu casa. No es cosa que vamos a abrir las puertas al extranjero dándole el oro y el moro y nos olvidamos del inversionista nacional, no, como ya hemos hecho un buen trabajo con el inversionista nacional, entonces ese mismo trabajo lo estamos trasladando al inversionista extranjero”, sostuvo Gutiérrez.
Según la ley, el inversionista extranjero gozará de los mismos derechos y de los medios para ejercerlos que las leyes le otorgan a los inversionistas nicaragüenses, como el disfrute, uso y dominio de la propiedad relacionada a su inversión, de acuerdo con el proyecto.
Además, tendrá libre acceso a la compra y venta de moneda extranjera disponible y a la libre convertibilidad de la moneda, realizar transferencias al exterior relacionadas con su capital invertido o por la disolución, liquidación o venta voluntaria.
Asimismo, el inversionista recibirá pagos derivados de indemnización por concepto de expropiación.
Nicaragua captó 2 mil 235.7 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en los primeros nueve meses de 2024, un 13.4% más que en el mismo periodo de 2023, según el Banco Central del país centroamericano, que aún no da a conocer la cifra consolidada anual.
Panamá, con 262.4 millones de dólares (24.9% del total), fue el principal inversor de Nicaragua en ese periodo; seguido de Estados Unidos, con 206.1 millones (19.6% del total); España, con 80 millones; Costa Rica, con 64.6 millones de dólares; México, con 62 millones; Colombia, con 56.2 millones; y Países Bajos, con 55.5 millones.
Fuente: Latinus
