Chihuahua. – Francisco Ayala Borunda, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42, con sede en Torreón, Coahuila, ha sido vinculado a proceso por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con el otorgamiento irregular de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Cabe recalcar que Ayala Borunda anteriormente había sido destituido como director General de Justicia Laboral y Ética en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Chihuahua.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) logró que un juez federal dictara la primera vinculación a proceso en contra de Ayala Borunda. Esta decisión es parte de una investigación que ha desvelado una serie de fraudes millonarios en el ISSSTE, que entre 2011 y 2019 sufrieron pérdidas superiores a 12 mil 733 millones de pesos debido a prácticas ilícitas en el otorgamiento de pensiones.
Durante la audiencia inicial, que comenzó el 23 de julio y se extendió hasta el 28 del mismo mes, el juez de control decidió no imponer prisión preventiva justificada a Ayala Borunda ni a los actuarios Raquel Andrea Hinojos Martínez y Christian Jesús Montelongo Reza, quienes también están vinculados a este caso. En cambio, se les otorgó la medida cautelar de presentación periódica mensual y la prohibición de salir del país, con la obligación de entregar sus pasaportes.
La investigación revela que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42 fue un punto clave en esta red de corrupción. Funcionarios de la junta, en complicidad con despachos de abogados, facilitaban el otorgamiento de pensiones irregulares. Los abogados cooptaban a jubilados para que demandaran aumentos indebidos en sus pensiones, obteniendo a cambio un porcentaje de los montos asignados. Por su parte, los funcionarios del ISSSTE no apelaban las resoluciones, permitiendo que las decisiones corruptas causaran estado.
El caso, que ha sido registrado bajo la causa penal 299/2023, continúa su curso judicial mientras las autoridades buscan esclarecer la magnitud completa de los daños y las responsabilidades en este esquema de corrupción que ha afectado gravemente las finanzas del ISSSTE.
Fuente:La opcion de chihuahua
