Chihuahua.- El diputado local Francisco Sánchez Villegas presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal con el objetivo de eliminar los beneficios de liberación anticipada para ciertos delitos graves, argumentando que el sistema penitenciario no garantiza la reinserción social de criminales peligrosos.
La propuesta busca que los estados tengan la facultad de establecer un catálogo propio de delitos en los que no procedan beneficios como la preliberación, libertad condicional o sustitución de penas.
“Estos beneficios están basados en una falacia: que nuestro sistema penitenciario sirve para reinsertar a los delincuentes. Eso es completamente falso”, sentenció el legislador por Movimiento Ciudadano. “Hay delincuentes que pueden someterse a un proceso de reinserción, sí. Pero hay psicópatas, hay monstruos, hay criminales desalmados para quienes estos mecanismos simplemente no funcionan”.
Sánchez añadió que, lejos de rehabilitarse, muchos reos adquieren nuevas habilidades delictivas en prisión y regresan a las calles como criminales más peligrosos. “Se reinsertan, sí, pero en el mercado criminal”, denunció.
La iniciativa surge en un contexto de indignación social tras la liberación anticipada de Abraham A., padrastro de Jasiel Giovanny, menor asesinado en Ciudad Juárez, caso que encendió el debate público sobre los criterios de reinserción en el sistema penitenciario mexicano.
“Es una reforma necesaria, urgente y responsable”, concluyó. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
Durante la presentación estuvieron presentes manifestantes que apoyaron la causa.
Propone endurecer penas y eliminar beneficios a responsables del crematorio en Juárez
Chihuahua.- El diputado Francisco Sánchez Villegas calificó como “psicópatas” a los implicados en el caso del crematorio clandestino de Ciudad Juárez, donde fueron hallados al menos 386 restos humanos, y advirtió que podrían evitar la cárcel o salir libres en solo tres años debido a las actuales leyes federales.
El legislador informó que presentó una iniciativa de reforma para endurecer las penas aplicables a delitos relacionados con el manejo ilegal de cadáveres, luego de que los imputados fueron vinculados a proceso por un delito previsto en el Código Penal del estado, cuya sanción va de seis meses a dos años de prisión.
“En ese supuesto, estas dos personas que apilaron y trataron como basura a 386 cuerpos no pisarían siquiera la cárcel”, advirtió. Explicó que su propuesta, ya turnada a la Comisión de Justicia, contempla aplicar la Ley General de Salud, que prevé sanciones de 6 a 19 años de prisión.
Sin embargo, Sánchez reconoció que si el juez se declara incompetente para aplicar la ley federal y sólo toma en cuenta el Código Penal estatal, los acusados podrían evadir una condena efectiva. Aun si se aplicara la pena máxima federal, afirmó, podrían quedar libres en tres años por los beneficios de la liberación anticipada.
“Con los beneficios que nuestra ley le otorga a los delincuentes, estos dos psicópatas estarían en tres años libres nuevamente. Me parece que estamos fallando como Estado en este diseño que premia a los criminales y olvida a las víctimas”, sentenció.
Sánchez atribuyó la responsabilidad a la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde 2016, la cual, dijo, fue impuesta desde el ámbito federal como parte de una política de centralización que limita las facultades de los estados para castigar adecuadamente ciertos delitos.
“Nos tratan como menores de edad que no sabemos cómo establecer nuestros propios mecanismos. Vamos para diez años de este modelo que no ha generado reinserción social, sino reincidencia”, criticó.
Fuente:La opcion de chihuahua
