El agente rompió el silencio y acusó públicamente al oficial quien lo entregó a supuestos elementos de la FGR, lo mantuvieron privado de su libertad por varios días y después fue llevado a Almoloya, donde fue liberado por un juez. Lo querían inculpar de secuestro.
Chihuahua, Chih.- Carlos Pérez Corona, oficial de la Subdirección de Movilidad, rompió el silencio y aseguró públicamente que no está prófugo ni es responsable de secuestro alguno, como fue señalado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tras su detención en septiembre de 2024.
En conferencia de prensa, Pérez Corona denunció que fue entregado ilegalmente a supuestos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) por el subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, sin que existiera orden de aprehensión, identificación oficial de los agentes o algún documento legal que justificara el acto.
“No me entregó con base en la ley ni respetando protocolos. Me expuso sin saber quiénes eran, qué buscaban o qué riesgos corría. Me dejó a merced de personas que jamás se identificaron, violando mis derechos y poniéndome en peligro de desaparición forzada”, declaró el agente.
Según su testimonio, Komaba lo citó en su oficina y le pidió asistir vestido de civil. Una vez ahí, sin explicación alguna, fue entregado a los supuestos agentes, quienes lo trasladaron de manera irregular entre las ciudades de Chihuahua y Juárez, mientras su familia era extorsionada.
“Me quitaron mis pertenencias, incluyendo celular, cartera y anillos. Todo se le entregó a mi esposa, excepto mi reloj”, relató el oficial, quien también denunció haber sido incomunicado durante varios días y posteriormente trasladado al penal federal de Almoloya, Estado de México.
Tras ser presentado ante el juez, se le dictó auto de libertad inmediata, al no encontrarse pruebas suficientes para procesarlo. “Más tardaron en detenerme y exhibirme que en liberarme por falta de elementos”, señaló.
A su regreso, lejos de reincorporarlo a sus funciones, fue enviado a su casa por 38 días con goce de sueldo. Además, fue objeto de represalias laborales: le retiraron la patrulla, le redujeron compensaciones y le fueron suspendidos sus descansos.
Carlos Pérez también acusó a la SSPE de haber difundido un comunicado en el que lo vinculaban con un secuestro ocurrido en 2010, cuando —según él— ni siquiera existía investigación vigente en su contra. “Me presentaron como parte de un proceso de depuración cuando yo contaba con mi examen de confianza vigente desde 2022”.
Ante esta serie de hechos, el oficial interpuso quejas ante la Fiscalía Anticorrupción, el órgano interno de control y la Secretaría General de Gobierno, buscando no solo limpiar su nombre, sino también que se sancione al subsecretario Komaba Quezada por su presunta responsabilidad en los abusos cometidos.
“Lo responsabilizo a él si algo me pasa a mí o a mi familia. No descansaremos hasta que responda ante la justicia por estos hechos. No puede jugar al policía, mucho menos al federal ministerial. No lo es”, finalizó Pérez Corona.
