El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó el 4 de junio una nueva Proclama o ley presidencial que restringe severamente el ingreso al país de ciudadanos de 19 naciones, invocando razones de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y control migratorio.
La medida —que entrará en vigor el próximo lunes, 9 de junio— establece una prohibición total de ingreso para inmigrantes y no inmigrantes de 12 países, y restricciones parciales para ciudadanos de otros 7. Estas acciones afectan tanto a quienes viajan con visas temporales (B-1, B-2, F, M, J) como a ciertos solicitantes de residencia permanente.
Entre los Países con prohibición total esta: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Mientras que en lo ciudadanos de los países con restricciones parciales se encuentran: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Según la nueva ley o PROCLAMA, los países afectados han demostrado incapacidad o falta de voluntad para cooperar con los Estados Unidos en materia de intercambio de información de seguridad, emisión de documentos de identidad confiables o aceptación de repatriaciones. Casos como el de Haití, con una tasa de permanencia ilegal del 31,38 % para ciertos visados, se citan como ejemplo de “amenaza migratoria persistente”.
Las restricciones no aplican a residentes permanentes legales, personas con doble nacionalidad que viajen con pasaportes de países no incluidos, ni a portadores de ciertos visados diplomáticos o humanitarios. También se contemplan excepciones caso por caso por interés nacional, aprobadas por el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia.
La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales, que la comparan con el veto migratorio de 2017. La ONG Amnistía Internacional calificó la proclama como “discriminatoria y contraria a principios básicos del derecho internacional”. Por su parte, países como Chad y Venezuela han reaccionado con declaraciones diplomáticas de protesta.
