La exfuncionaria reconoció que en mayo pasado descubrió que existía un proceso administrativo en su contra relacionado con un pasivo del ayuntamiento de Puerto Morelos con el IMSS durante la pandemia
La exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, negó este lunes que haya sido inhabilitada por un presunto abuso de funciones.
En una respuesta ante la información vertida en diferentes medios de comunicación, en el sentido de una inhabilitación por 20 años por un presunto abuso de funciones durante su mandato en Puerto Morelos, Laura Fernández, realizó una publicación en sus redes sociales.
“En las últimas horas ha estado circulando información en el sentido de que he sido inhabilitada para ocupar cargos públicos durante 20 años en mi estado, Quintana Roo. Quiero decirles que esta información que se ha propagado es falsa y malintencionada”, señala.
La exfuncionaria reconoció que en mayo pasado descubrió que existía un proceso administrativo en su contra relacionado con un pasivo del ayuntamiento de Puerto Morelos con el IMSS durante la pandemia.
“Ese pasivo surgió porque, ante la crisis económica provocada por la pandemia, mi administración priorizó pagar las nóminas de nuestros trabajadores para que nadie se quedara sin sustento”, escribió.
De acuerdo con Fernández Piña, se priorizó un acuerdo con el IMSS para darle seguridad social a los trabajadores municipales, pero la Covid-19 provocó que los ingresos del ayuntamiento disminuyeran.
“En febrero de 2020, con orgullo, habíamos firmado un acuerdo histórico con el IMSS para darles seguridad social a los trabajadores municipales, algo que otros municipios no lograron en décadas. Pero cuando llegó la pandemia, los ingresos se desplomaron. (…) mantener el acuerdo con el IMSS fue una decisión humana, aunque eso significara acumular un pasivo, como sucedió en muchos otros municipios”, agregó.
Y aseguró que no hubo corrupción ni mala fe.
“Cuando iniciaron este proceso administrativo del que hablan los medios, nunca me notificaron, como exige la ley. Por eso, en mayo del año pasado interpuse un recurso jurídico para defender mis derechos (…) el procedimiento quedó suspendido. Hace pocos días tuvo lugar la audiencia constitucional, pero el juez aún no resuelve definitivamente”, dijo.
Por su parte Rammarx Pacheco Montero, subdirector de Comunicación Social del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo informó a este medio que el tema de la ex edil portomorelense lo manejó el extinto Tribunal de Justicia Administrativa, aunque mencionó que cuando se efectuó la sentencia se elevó a la autoridad federal, misma que aún no les notifican.
El funcionario estatal agregó que sabe que la demandante cuenta con un amparo, el cual dijo que en caso de que se le “cayera”, la autoridad federal les notificaría al Estado para llevar a cabo la ejecución de la sentencia y se llevaría a sesión jurisdiccional.
Fuente: Latinus
