Las parejas que ya presentaron su solicitud están en el limbo, y las que no lo han hecho deben sopesar la posibilidad de esperar a que se desarrolle el proceso jurídico en la impugnación que interpusieron los republicanos
Después de que el presidente Joe Biden dio a conocer un nuevo programa que abriría una vía para que cónyuges migrantes tuvieran acceso a la ciudadanía estadounidense, Óscar Silva no tardó en presentar su solicitud, y el lunes no podía ocultar su felicidad cuando recibió un email en el que se le confirmaba su cita para un examen biométrico obligatorio.
Pero horas más tarde, la felicidad de Silva desapareció: un juez federal de Texas suspendió temporalmente la medida que podría beneficiar a unos 500 mil migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, frenando una de las acciones presidenciales más significativas para otorgar acceso a la naturalización en varios años.
“No sé qué va a pasar”, dijo Silva el martes. El estudiante universitario de 23 años llegó a Estados Unidos siendo un bebé y vive en Texas con su esposa, Natalie, una ciudadana estadounidense y maestra de escuela secundaria que es la proveedora de la familia.
A pesar de que el programa Manteniendo a las Familias Unidas que presentó el gobierno federal apenas comenzó a aceptar solicitudes la semana pasada, familias y abogados de migración afirman que ya se vive un estado de confusión, incertidumbre y frustración tras la orden del juez de distrito J. Campbell Barker. Las parejas que ya presentaron su solicitud están en el limbo, y las que no lo han hecho deben sopesar la posibilidad de esperar a que se desarrolle el proceso jurídico en la impugnación que interpusieron los republicanos.
Los solicitantes deben pagar una cuota de procesamiento de 580 dólares. Después de la orden de Barker, la Coalición de Inmigrantes de Florida indicó que llamó a las personas a “sopesar sus opciones y tomar la mejor decisión para sus familias en estos momentos”.
La suspensión se produjo en respuesta a la impugnación que presentaron 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, quienes interpusieron una demanda días después de que el programa empezó a aceptar solicitudes el 19 de agosto. La orden, conocida como una suspensión administrativa, estará en vigor por 14 días, pero podría prorrogarse.
“Ese fallo está mal. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente”, dijo Biden en un comunicado el lunes.
Los estados afirman que el programa podría causar un daño irreparable y acusan al gobierno de eludir al Congreso con “descarados fines políticos”.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina es una de las que encabeza la demanda, aplaudió la orden del juez. “Este es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el Estado de derecho”, señaló en un comunicado.
El martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que el gobierno seguirá aceptando solicitudes y defendiendo el programa ante los tribunales. Cualquier solicitante que haya recibido permiso temporal antes de la orden no se verá afectado, según el departamento.
El DHS no respondió a preguntas sobre cuántas solicitudes se recibieron o aprobaron o cuánto tiempo se tarda en determinar el resultado de un caso en el marco del programa.
Silva y su esposa Natalie revivieron los temores de verse separados. El proceso tradicional para solicitar una tarjeta de residencia puede requerir que los cónyuges que viven sin autorización en el país regresen a su país de origen —a menudo durante años—, siempre con el riesgo de que no se les permita volver a Estados Unidos.
“Pensamos que esta era finalmente nuestra oportunidad de pasar juntos por este proceso sin miedo a la posibilidad de pasar 10 años alejados”, dijo Silva. Ahora, “me siento desconsolado, muy triste… porque sin esto enfrentamos una gran incertidumbre”.
La abogada en materia migratoria Laura Flores-Perilla dijo que realmente no hay nada claro sobre lo que sucederá con la cita de Silva, programada para el próximo mes.
“No puedo subestimar el impacto que está teniendo esta pausa temporal”, dijo Flores-Perilla, abogada para Action Justice Center.
Fuente: Latinus
