Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, ratificó la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio frente al opositor Edmundo González Urrutia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mantiene firme en su condena al desarrollo del proceso electoral en Venezuela y urge a la comunidad internacional a no bajar la presión: “Solo será tarde cuando haya silencio”, dice a EFE la relatora del organismo para ese país, Gloria Monique de Mees.
El momento en que haya silencio por parte de la comunidad internacional, por parte de los países del sistema interamericano, será demasiado tarde”. Mientras tanto, aboga en una entrevista telefónica, “hay esperanza”.
Esta misma semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, ratificó la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio frente al opositor Edmundo González Urrutia.
Con su fallo dijo concluir de manera inequívoca la revisión de las elecciones en un momento en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha publicado los resultados desagregados, pese a lo marcado en el cronograma elaborado por el ente rector.
La relatora de la CIDH condena la validez e integridad de ese dictamen. “En primer lugar, porque la validación de resultados electorales está fuera de su mandato y jurisdicción”, apunta De Mees, que asumió su cargo en enero para un mandato de cuatro años.
Su organización ya había reclamado en el pasado el restablecimiento urgente del orden democrático y del Estado de derecho en Venezuela o el acceso a la información pública electoral mediante la difusión de la totalidad de las actas, entre otras exigencias.
No publicar las actas, en su opinión, “es una clara señal” de que se está pretendiendo “consolidar el poder del régimen”.
Once países americanos —Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay— rechazaron tras el fallo del Supremo el peritaje judicial solicitado por Maduro.
“El reconocimiento o el no reconocimiento es una decisión política soberana de cada país. La comisión no se va a pronunciar sobre eso”, apunta De Mees, originaria de Surinam y que en su carrera ha asesorado a nivel nacional sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o sobre legislación y políticas.
La pregunta de qué más se puede hacer respecto a la situación en Venezuela, agregó la experta, “está en la mente de todos”.
Además de la presentación de las actas, la CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aboga por seguir monitoreando la situación sobre el terreno y por intensificar el compromiso con los defensores de los derechos humanos allí y las organizaciones de la sociedad civil.
La CIDH no tiene la autoridad o el mandato para reclamar una repetición de los comicios. Eso no quita, subrayó De Mees, que haya sido “muy clara” en sus expectativas sobre el respeto de los derechos políticos de los venezolanos.
Desde un punto de vista personal, ella dice tener esperanza y confía en que ese mensaje se haga llegar a los venezolanos.
Debemos proyectar y expresar a la población venezolana que tenemos esperanza y que la comisión mantendrá su mandato de monitoreo”, afirma la también profesora de Derechos Humanos en la Universidad Anton de Kom de Surinam.
De Mees considera que los problemas estructurales de Venezuela han ido a peor, “no sólo en volumen, sino en cuanto al terror que se está perpetuando”, y reitera su petición de que la comunidad internacional no cese de denunciarlo.
Ya sea a nivel bilateral o multilateral a través de los canales diplomáticos, “las acciones de la comunidad internacional pueden tener un gran impacto”, concluye la experta, recalcando que la CIDH no cejará en el empeño de lograr la restauración en Venezuela “de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.
Fuente: Latinus
