Mariano “N”, Rita “N”, Ana “N”, Luis “N” y Javier “N” fueron llevados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en los delitos de secuestro agravado, tráfico de personas y delincuencia organizada, lo anterior en agravio de una persona migrante que se dirigía hacia los Estados Unidos.
Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez de control la vinculación a proceso, quien impuso además, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como un plazo correspondiente para el cierre de la investigación complementaria.
Los hechos ocurrieron en julio del presente año, cuando la víctima fue trasladada y alojada en Ciudad Juárez, Chihuahua, para continuar su tránsito hacia los Estados Unidos. Posteriormente fue privada de su libertad y para su liberación exigieron a sus familiares el pago de una cantidad de dinero. La víctima logró liberarse por sus propios medios.
Derivado del trabajo conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el MPF identificó mediante entrevistas y actos de investigación a varias personas posiblemente relacionadas.
Con los datos de prueba recabados, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, libró las órdenes de aprehensión en contra de Mariano “N”, Rita “N”, Ana “N”, Luis “N” y Javier “N”, cuya presentación ante la autoridad judicial se logró por el personal de la Fiscalía y de las instituciones de seguridad participantes luego de la realización de dos cateos.
La FGR, a través de la FEMDH y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEIDPMR), mantiene su compromiso con la persecución de los delitos que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México.
A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
