El partido señaló que el organismo actúa como “brazo ejecutor” del gobierno estatal contra opositores, luego de que se pidiera retirar la inmunidad procesal a los ediles de Ixhuatlán del Sureste
Veracruz,.- Luego de que la Fiscalía General del Estado pidió el desafuero de dos alcaldes emecistas, el partido Naranja acusó que el organismo es usado como brazo ejecutor para perseguir adversarios del régimen.
A través de un pronunciamiento oficial, la directiva de MC señaló que durante el gobierno de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, no se combatió ni se combate al crimen organizado, pero sí se persiguió y se persigue a opositores, periodistas, académicos y funcionarios.
“Nuestro estado vive una realidad dolorosa: miles de familias buscando a sus desaparecidos, miles de víctimas de homicidio y cientos de periodistas que han sido agredidos, amenazados o atacados”, recriminó.
En el documento, firmado por el coordinador estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, patentizó su profunda preocupación por la escalada de violencia en Veracruz y por la grave impunidad que la acompaña.
Consideró preocupante que, frente a los delitos que lastiman todos los días a Veracruz, la justicia avance con lentitud, silencio e impunidad; pero cuando se trata de adversarios políticos, las instituciones parezcan actuar con una rapidez selectiva.
Reiteró que “durante el gobierno de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, no se combatió ni se combate al crimen organizado, pero sí se persiguió y se persigue a opositores, periodistas, académicos y funcionarios”.
La directiva de MC exigió a la Fiscalía General del Estado actuar con estricto apego a la ley, con autonomía y neutralidad, “y que no sea utilizada como un brazo ejecutor ni como una herramienta de persecución en contra de adversarios del régimen”.
Exigió el cese inmediato de cualquier acto de persecución política contra integrantes de MC o contra cualquier ciudadano que sea presionado por pensar distinto, señalar abusos o defender una causa legítima.
MC se pronunció a favor de que las instituciones del Estado deben servir a la justicia, no a la presión política: “Veracruz exige verdad, justicia y libertad”.
Ayer, la Fiscalía General del Estado pidió al Congreso de Veracruz el desafuero de dos alcaldes del partido Movimiento Ciudadano: Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero de Úrsulo Galván.
Al primero lo relaciona con la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, y al alcalde de Úrsulo Galván se le investiga por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su colaborador Ignacio López.
Fuente: Latinus
